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¿Qué es la concesión administrativa?
Una concesión administrativa es una enmienda que la administración encarga a un particular para la realización de una obra pública o la asistencia de un servicio público. El cual se puede materializar a través de un contrato, donde se establecen los derechos sobre el bien o servicio que han sido retenidos al concesionario, y que puedan ser aprovechados por una o varias entidades empresariales por un período de tiempo y precio específico.
Por ejemplo, si se desea realizar una concesión administrativa por un servicio público como una autopista, el terreno sería otorgado para el proyecto de construcción. Sin embargo, al tener un propósito de obra, cuando se finalice la construcción de las autopistas, la constructora puede cobrar una tasa porcentual de las ganancias que pudiesen obtener las casetas de peaje o cualquier otro servicio que se valga de la construcción.
En este tipo de concesiones, el concesionario debe realizar únicamente una obra o servicio público, el cual será de uso exclusivo de la Administración Pública. Y en caso de incumplir con su objetivo, este recibirá una penalización como se establece en el Artículo 264.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el cual determina que «los pliegues de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de incumplimientos de las obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de carácter leve y grave».
Tipos de concesiones administrativas
A pesar que las concesiones administrativas se refieran únicamente a obras y servicios públicos, hay dos tipos de concesiones que se pueden aplicar: la concesión sobre un patrimonio colectivo y sobre la prestación de un servicio público. A continuación, dejamos dos ejemplos de cómo serían esas concesiones.
Ejemplo de Concesión sobre Patrimonio Colectivo
En este tipo de concesión se aplica en patrimonios colectivos como, por ejemplo, cuando se desea ceder un espacio de la parte trasera de un local para colocar una pequeña terraza.
Ejemplo de Concesión sobre Prestación de Servicio Público
En cambio, la concesión sobre prestación de servicios públicos se puede aplicar en casos como, por ejemplo, el aprovechamiento de transporte público por parte de empresas.
Beneficio de la concesión administrativa
- Las entidades gubernamentales que otorgan las concesiones pueden recaudar un ingreso porcentual a partir de su venta a empresas privadas.
- Si una empresa especializada obtiene una concesión administrativa, los servicios públicos se vuelven más eficiente e incrementan su valor.
- Las entidades gubernamentales nunca pierden el derecho sobre el bien o servicio a pesar de haber traspasado su concesión, sin embargo, si el concesionario incumple con su obligación, la entidad puede retirar el derecho.
Es importante destacar que en casos donde el gobierno sede un servicio público a una empresa privada, esto suele ser mucho más beneficioso para la comunidad (y el mismo gobierno), puesto que en ocasiones estos no cuentan con los recursos suficientes para brindar el servicio en óptimas condiciones.
Y para esto último el gobierno se avale del Artículo 261 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la que se establece lo siguiente: «vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la documentación, relacionados con el objeto de la concesión».
Con este se evidencia que, a pesar de ceder la concesión administrativa de un bien o servicio, el dueño de la concesión debe vigilar que el concesionario utilice derecho de acuerdo a las normativas.
Resolución de la concesión administrativa
Adicionalmente de los motivos generales que puedan ocasionar la resolución de uno o varios contratos administrativos, cuando se trata de una concesión, estas se pueden extinguir de manera anticipada por tardanza, la cual ocupa un período de 6 meses en la cual se otorga al concesionario de la contraprestación por:
- Supresión de un servicio.
- Imposibilidad para aprovechar el servicio.
- Liberación del servicio para utilizarlo en la gestión directa (por la administración).
- Por intereses públicos.
- Otorgamiento de concesión.
- Impedimento de prestar el servicio.
En adición a esto, también hay que recalcar que, si resolución de la concesión se debe a un acto de la Administración, esta deberá pagar los montos invertidos del concesionario. Y, en caso de ser imputable, el concesionario está en la obligación de indemnizar a la Administración por todos los perjuicios causados.